Introducción

Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) El 18 de marzo de 2021 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, para su entrada en vigor el 25 de junio del mismo año. Este cambio legislativo convierte a España en el sexto país del mundo en reconocer este derecho para aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos¹:

• Ser ciudadano español, tener residencia legal en España o presentar un certificado de empadronamiento que demuestre una permanencia en el país de más de doce meses, además de ser mayor de edad y estar en capacidad y plena conciencia en el momento de la solicitud.
• Contar por escrito con información sobre su situación médica, las diversas alternativas y opciones disponibles, incluyendo la posibilidad de acceder a cuidados paliativos.
• Realizar dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, con un intervalo de al menos quince días naturales entre ambas. Si el médico responsable determina que la muerte de la persona solicitante o su incapacidad para otorgar consentimiento informado es inminente, podrá aceptar un plazo menor según las circunstancias clínicas.
• Sufrir de una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e incapacitante según lo especificado en esta ley, determinado por el médico responsable.
• Otorgar consentimiento informado antes de recibir la prestación de ayuda para morir. Este consentimiento será añadido a la historia clínica del paciente.

La ley establece los diferentes roles de los profesionales de la salud que participan en el proceso de la eutanasia, como el médico responsable, el médico consultor y el equipo asistencial. También menciona a las Comisiones de Garantía y Evaluación², el órgano colegiado encargado de velar por el adecuado desarrollo del proceso de eutanasia en las diferentes comunidades y ciudades autónomas. Antecedentes Desde la implementación de la LORE, los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas mantienen un complejo equilibrio para garantizar los derechos, tanto de los pacientes que solicitan eutanasia como de los profesionales de la salud, quienes tienen el derecho reconocido en la misma LORE de expresar objeción de conciencia mediante la presentación previa y por escrito de su decisión en los Registros Oficiales establecidos para dicho propósito. En los últimos años, las empresas demoscópicas han evaluado las percepciones de la sociedad española respecto a la prestación de ayuda para morir. En un estudio sanitario realizado en 2009 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se mencionó la posible aprobación de una legislación que regulara el derecho de las personas a “morir con dignidad”. Un 73,6% de los participantes se mostró a favor de esta propuesta³. La postura del sector sanitario refleja una tendencia similar a la opinión de la sociedad española. Información recopilada a partir de encuestas realizadas por colegios oficiales de médicos entre los años 2018 y 2019 revela actitudes positivas en torno a la regulación de la eutanasia. En particular, el Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya indicó que un 67,2% de sus miembros opinaba que la eutanasia debería ser regulada por ley⁴. De igual forma, un 76% de los encuestados en Tarragona expresó su apoyo⁵, mientras que, en Las Palmas, el apoyo alcanzó un 68,5%⁶. El respaldo jurídico, social y profesional hacia la eutanasia está profundamente relacionado con el progreso en los derechos del paciente, así como con el debate sobre su autonomía y libertad en la toma de decisiones respecto a los cuidados que se centran en el paciente, tal como se enfatiza en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica⁷. Justificación La aprobación de la LORE en nuestro país marca un hito histórico en los derechos individuales y la bioética. Esta ley responde a una demanda creciente de la sociedad, que busca asegurar el derecho de las personas a decidir sobre su vida y muerte en situaciones difíciles de sufrimiento. Es importante entender que esta ley no surge de la nada, sino que es el resultado de un extenso debate en la sociedad durante las últimas décadas. Este proceso ha destacado la necesidad de ofrecer una solución legal a quienes se enfrentan enfermedades terminales o situaciones de dolor insoportable, permitiéndoles ejercer un derecho que, hasta ahora, se había considerado tabú en muchos contextos. Así, la regulación de la eutanasia se enmarca en el respeto hacia la autonomía personal y la dignidad del individuo, principios que son clave en cualquier sociedad democrática. En términos legales, la ley establece un marco claro que define las condiciones y procedimientos necesarios para llevar a cabo la eutanasia. Esto no solo garantiza que quienes cumplan con los requisitos puedan acceder a esta opción, sino que también se proteja a los profesionales de la salud que decidan participar. De esta manera, la ley logra un equilibrio entre el derecho a morir dignamente y las obligaciones éticas y legales de los profesionales sanitarios, creando salvaguardias para prevenir abusos y asegurar que se respete la voluntad del paciente en todo momento. Además, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia incluye mecanismos de control y supervisión importantes para asegurar su correcta implementación. Se han establecido Comisiones de Garantía y Evaluación⁸ que analizarán cada caso, garantizando que se cumplan todos los criterios y que la decisión del paciente sea voluntaria, informada y consciente. Así, se refuerza la protección que ofrece la legislación, al mismo tiempo que se brinda ayuda necesaria a quienes pasan por situaciones de sufrimiento extremo. Cabe destacar que esta ley no solo responde a una demanda individual, sino que también refleja un cambio en la forma colectiva de ver la muerte y el sufrimiento. La aceptación de la eutanasia como un derecho individual muestra una evolución en nuestra manera de entender la vida, la muerte y la dignidad humana. Este cambio invita a reflexionar sobre la calidad de vida y la importancia de respetar las decisiones personales, dando voz a quienes se sienten atrapados en un sufrimiento que no puede ser aliviado. La prestación de ayuda para morir, que está contemplada dentro de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, cuenta con financiación pública. Esto significa que se proporcionan los recursos necesarios a quienes han manifestado su deseo de optar por esta opción, siempre cumpliendo con el procedimiento y las garantías que establece la legislación vigente. La eutanasia, al igual que otros servicios del sistema nacional de salud, necesita una evaluación rigurosa tras su implementación. Es esencial considerar aspectos éticos, legales y sociales, asegurando que se respete la autonomía del paciente y se garanticen adecuadas medidas de apoyo y cuidado. Análisis como el que se pretende cursar en este estudio, pueden formar parte de la evaluación continua de los servicios de salud con el objetivo de avanzar hacia la calidad asistencial. Según la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, las Comisiones de Garantía y Evaluación tienen la obligación de publicar un informe anual que refleje su labor y el estado de las solicitudes de eutanasia en su ámbito de funcionamiento. Este informe es fundamental para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del procedimiento, así como para asegurar que se respeten los derechos de los solicitantes. El informe debe incluir datos sobre el número de solicitudes presentadas, las resoluciones adoptadas, y la justificación de cada caso, además de incluir información sobre las estadísticas de eutanasia. También es importante que el informe contemple análisis sobre el impacto en la sociedad y la atención sanitaria, así como la formación y capacitación del personal sanitario involucrado. Este mecanismo de publicación anual no solo permite una supervisión adecuada por parte de las autoridades, sino que también facilita el acceso a la información, lo que favorece el debate social y mantiene a la ciudadanía informada sobre un tema de gran relevancia y sensibilidad. De esta manera, se busca promover un proceso ético y seguro en la aplicación de la eutanasia, en línea con los principios de respeto a la dignidad humana y a la autonomía del paciente.  El análisis de estos aspectos permitirá no solo entender las características de las solicitudes de ayuda para morir en la región, sino también evaluar las implicaciones éticas, sociales y sanitarias derivadas de la implementación de la ley. Este estudio descriptivo se fundamenta en un análisis de datos secundarios obtenidos de registros oficiales del sistema sanitario público y privado de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en la medida de lo posible, del resto de comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud. A continuación, se presentan los aspectos metodológicos que orientan este estudio. A través de un análisis descriptivo, se busca comprender las características de los solicitantes, las patologías que motivan la solicitud de la prestación, la distribución geográfica de las solicitudes y la respuesta del sistema sanitario en cuanto a la ejecución de estas. Del mismo modo, se cursará una comparativa con el resto del Sistema Nacional de Salud, lo cual permitirá analizar la situación desde un enfoque más amplio.

Objetivos

Objetivo general Analizar las solicitudes de ayuda para morir presentadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) el 25 de junio de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2024.  Objetivos específicos

• Examinar la distribución geográfica y la evolución temporal de las solicitudes de ayuda para morir dentro de las áreas sanitarias de Cantabria (Santander, Laredo y Torrelavega).
• Identificar las principales patologías asociadas a las solicitudes, destacando las enfermedades oncológicas, neuromusculares, psiquiátricas y otras condiciones.
• Describir las características demográficas de los solicitantes, diferenciando por sexo, edad y otras variables relevantes.
• Detallar las modalidades de prestación realizadas, especificando el lugar de ejecución y la vía de administración (oral o intravenosa).
• Estudiar el perfil de los médicos responsables y consultores, con énfasis en las especialidades médicas más involucradas en el proceso de solicitud.
• Determinar el volumen de profesionales sanitarios que se han dado de alta en el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Eutanasia.
• Identificar barreras estructurales específicas de Cantabria en comparación con otras comunidades autónomas.

Metodología Se propone un estudio observacional, retrospectivo y comparativo de corte transversal que analiza la implementación y aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en la Comunidad Autónoma de Cantabria en comparación con el resto de las comunidades autónomas de España, desde su entrada en vigor (25 de junio de 2021) hasta el 31 de diciembre de 2024. Fuente de los datos Los datos utilizados en este estudio provienen de las solicitudes de ayuda para morir registradas en el sistema sanitario de Cantabria, tanto en el ámbito público como privado, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) el 25 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024. La información ha sido proporcionada por las autoridades sanitarias competentes, que incluyen la Gerencia de Atención Primaria y los hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), tales como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), el Hospital de Laredo, el Hospital General Sierrallana y otros centros sociosanitarios de la región. Se utilizarán los Informes de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Ley de Eutanasia en Cantabria⁹ (años 2021, 2022, 2023 y 2024) y los emitidos por el Ministerio de Sanidad (desde el año 2021 al año 2023)¹⁰, así como la información facilitada por el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Población de estudio La población de estudio está compuesta por todos los pacientes que han solicitado la prestación de la ayuda para morir en Cantabria y resto de España durante el período indicado. Se incluyen tanto las solicitudes aprobadas como aquellas denegadas o desistidas por los solicitantes. Variables analizadas Las variables analizadas en este estudio incluyen:

• Número de solicitudes: Total de solicitudes registradas por año (2021, 2022, 2023 y 2024) en Cantabria y en España desde el año 2021 al 2023).
• Distribución geográfica: Clasificación de las solicitudes por área sanitaria de Cantabria (Santander, Laredo y Torrelavega).
• Tipo de prestación: Domiciliaria, hospitalaria, en centros sociosanitarios, y modalidad de administración (oral o intravenosa), tanto en Cantabria como en el resto del país.
• Patologías: Clasificación de las enfermedades que motivan las solicitudes, diferenciando entre oncológicas, neuromusculares, psiquiátricas y otras en Cantabria y España.
• Demografía: Sexo (hombres y mujeres) y rangos de edad (menores de 30 años hasta mayores de 80 años).
• Médicos responsables: Identificación de los médicos responsables de las solicitudes cursadas en Cantabria, así como los médicos consultores, con especial atención a las especialidades más implicadas (neumólogos, neurólogos, oncólogos, cuidados paliativos, etc.).
• Resultados de las solicitudes: Prestaciones realizadas, solicitudes denegadas, desistimientos y fallecimientos antes de la prestación en Cantabria y en el resto del Sistema Nacional de Salud.
• Objeción de conciencia: número de profesionales registrados como objetores de conciencia en Cantabria y clasificación por tipo de profesionales.

Técnicas de análisis El análisis de los datos se llevará a cabo utilizando técnicas descriptivas. Se presentarán los datos mediante tablas, gráficos y análisis numérico de las variables relevantes. Se buscará identificar patrones de comportamiento en las solicitudes, como la distribución por área, las patologías más frecuentes, y las características demográficas de los solicitantes. No se realizarán inferencias causales, ya que este estudio se centra únicamente en la descripción de los datos disponibles. Limitaciones Este estudio se basa exclusivamente en los datos proporcionados por los registros oficiales del sistema sanitario, lo que implica que las conclusiones se limitan a la información disponible y no necesariamente reflejan toda la complejidad del fenómeno de la eutanasia en Cantabria y resto de España. Además, no se dispone de información sobre el seguimiento posterior de los solicitantes una vez realizada la prestación, lo que limita el análisis de los efectos a largo plazo de la ayuda para morir. En relación con la información publicada por el Ministerio de Sanidad, en el momento de elaboración de este trabajo, no se dispone de informe relativo a la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia durante el ejercicio 2024. El contenido de los informes emitidos por cada una de las Comisiones de Garantía y Evaluación del Sistema Nacional de Salud son heterogéneos, por lo que el análisis comparativo de indicadores se ha tenido que limitar a la información básica y común a todos ellos. Si bien, Cantabria emite informes puntuales y ampliamente detallados, nos encontramos con otros servicios de salud con una menor calidad, puntualidad y transparencia.

Resultados

A continuación, se describen los indicadores extraídos de los informes anuales de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cantabria, para posteriormente, hacer un análisis comparativo con los homólogos del Sistema Nacional de Salud, emitidos por el Ministerio de Sanidad. Resultados en Cantabria • Número de solicitudes de prestación de ayuda para morir: 54 (Gráfico 1). • Origen de las solicitudes en Cantabria: • Clasificación por Área Sanitaria en Cantabria: • Clasificación por Gerencias (Gráfico 2): • Número de prestaciones de ayuda para morir realizadas y no realizadas (del total de solicitudes) (Tabla 1): • Clasificación de las prestaciones por su lugar de realización (Tabla 2): • Variedad de la prestación de ayuda para morir (Tabla 3): • Donación de órganos en la prestación de ayuda para morir: 3 casos (Gráfico 3). Análisis de las solicitudes de prestación de ayuda para morir que no se cursaron (Gráfico 4):  • Análisis de las patologías por las que se presenta la solicitud de eutanasia (Gráfico 5): Análisis demográfico: • Análisis del perfil de los Médicos Responsables (Gráfico 7): • Análisis del perfil de los Médicos Consultores (Gráfico 8): • Análisis de la objeción de conciencia en relación con la eutanasia en Cantabria: Análisis comparativo de los indicadores más relevantes de la prestación de ayuda para morir en Cantabria y resto del Sistema Nacional de Salud La comparación de indicadores de los resultados de Cantabria con el Sistema Nacional de Salud nos permitirá obtener una visión más completa de la implementación de la LORE en la región y de su posición en el contexto nacional. Identificar las diferencias y los factores que influyen en ellas es fundamental para mejorar la calidad y la equidad de la prestación de ayuda para morir en Cantabria y en el resto de España.

Discusión

El análisis comparativo de indicadores clave nos lleva a hacer las siguientes consideraciones (Tabla 5):

• Volumen de solicitudes: La tasa de solicitudes en Cantabria es significativamente menor que la media nacional, lo que podría indicar diferencias en la difusión de la información, accesibilidad al procedimiento, o factores socioculturales específicos de la región.
• Distribución por patologías: Cantabria presenta una proporción notablemente mayor de solicitudes por enfermedades oncológicas y menor por enfermedades neuromusculares comparado con la media nacional.
• Lugar de realización de la prestación: Cantabria muestra una preferencia ligeramente mayor por la asistencia domiciliaria, con un porcentaje significativamente menor de prestaciones hospitalarias.
• Resultados de las solicitudes: El dato más llamativo es el elevado porcentaje de pacientes que fallecen antes de recibir la prestación en Cantabria, casi duplicando la media nacional. Esto podría indicar retrasos en la tramitación o una progresión más rápida de las enfermedades en los solicitantes cántabros.
• Evolución temporal en Cantabria: Se observa una estabilización tras un incremento inicial, con un ligero descenso en 2024.
• Particularidades de Cantabria: La concentración de solicitudes en el área de Santander refleja tanto la distribución poblacional como posiblemente una mayor accesibilidad a la información y servicios relacionados con la LORE.
• Perfil de los profesionales implicados: En Cantabria se observa una participación predominante de especialistas en: Atención Primaria, Neurología, Oncología y Cuidados Paliativos. Es destacable la recurrencia de ciertos facultativos (un mismo médico responsable en 8 solicitudes en Atención Primaria y otro en 5 solicitudes en Cuidados Paliativos), lo que podría indicar una especialización de facto en la atención a estas solicitudes.
• Objeción de conciencia: 290 profesionales registrados como objetores en Cantabria: 260 médicos y 30 enfermeras. No se dispone de datos comparativos nacionales sobre objeción de conciencia en los informes consultados.

Conclusiones y consideraciones

• Tiempos de respuesta: El alto porcentaje de fallecimientos previos a la prestación en Cantabria (44,44% vs 25% nacional) sugiere la necesidad de optimizar los procesos administrativos y reducir los tiempos de tramitación.
• Donación de órganos: La mayor tasa de donación en Cantabria (23,08% vs 12,5% nacional) refleja una actitud positiva hacia la donación en el contexto de la eutanasia y podría ser un modelo para seguir para otras comunidades.
• Especialización de profesionales: La concentración de casos en determinados facultativos sugiere una posible especialización informal que podría formalizarse para mejorar la atención.
• Preferencia por la asistencia domiciliaria: Cantabria muestra una tendencia ligeramente mayor hacia la realización de la prestación en el domicilio del paciente, lo que podría reflejar un enfoque más centrado en la intimidad y comodidad del paciente.
• Distribución de patologías: El predominio más marcado de enfermedades oncológicas en las solicitudes de Cantabria podría indicar diferencias en los criterios de acceso o en la información disponible para pacientes con otras patologías.
• Heterogeneidad de los informes de las Comisiones de Garantía y evaluación: se hace necesario que todas las comunidades autónomas publiquen un informe anual con un modelo con unos mínimos e indicadores comunes, que permita la comparación entre ellas. Esto facilitaría el trabajo colaborativo de todas las comunidades autónomas a través del Ministerio de Sanidad para optimizar el proceso de tramitación y dispensación de la prestación de la ayuda para morir.

Estos hallazgos sugieren la necesidad de continuar evaluando y ajustando la implementación de la LORE en Cantabria, particularmente en lo referente a los tiempos de tramitación, para garantizar que todos los pacientes que cumplan los requisitos puedan acceder efectivamente a la prestación si así lo desean. Financiamiento Esta investigación no recibió ninguna subvención especifica de agencias de financiamiento del sector público, comercial o sin fines de lucro. Conflictos de interés No hay conflictos de intereses. 

Referencias

1. BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. (s/f). Boe.es. Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4628
2. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Manual de buenas prácticas en eutanasia; 2021. Disponible en https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/docs/Manual_BBPP_eutanasia.pdf
3. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Atención a pacientes con enfermedades en fase terminal. Estudio no 2.803. Madrid: CIS; 2009. Disponible en: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2800_2819/2803/es2803.pdf
4. Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya. Eutanasia y suicidio médicamente asistido. Bilbao: Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya; 2018. Disponible en: https://www.cmb.eus/informe-encuesta-eutanasia-y-suicidio-medicamente-asistido-del-cmb
5. Colegio Oficial de Médicos de Tarragona. Estudio sobre la percepción de la eutanasia entre el colectivo de médicos. Informe de resultados. Tarragona: Colegio de Médicos de Tarragona; 2019. Disponible en: https://www.comt.org/es/actualidad-y-publicaciones/noticias-del-comt/5997-resultados-de-la-encuesta-realizada-sobre-la-percepcion-de-la-eutanasia-entre-el-colectivo-de-medicos
6. Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. Encuesta Eutanasia. Resultados. [Internet]. Las Palmas de Gran Canaria: Colegio de Médicos de Las Palmas; 2019. Disponible en: https://www.medicoslaspalmas.es/index.php/colegio/institucion/fundamentos/eutanasia
7. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
8. Orden SAN/22/2021, de 21 de junio, por la que se crean y regulan la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir y el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Registro objeción de conciencia. Disponible en https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363261
9. Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria. Informes de la Comisión de Garantía y Evaluación sobre la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Disponibles en https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/14401008
10. Ministerio de Sanidad. Informes anuales sobre la prestación de ayuda para morir correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. Disponibles en https://www.sanidad.gob.es/eutanasia/profesionales/home.htm